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10 agosto 20

Cuando en La Rioja, la religión logra interferir en la salud

13 septiembre 2011

Es que desde el obispado se prohíbe a los centros de salud San Pío, ubicados en distintos puntos de la ciudad Capital, que entreguen preservativos y anticonceptivos a las personas que se atienden allí. Es importante destacar que estos centros dependen de la entidad católica pese a que allí trabajan todos profesionales dependientes del Ministerio de Salud. Malestar del gobierno.

Por Mariana Carbajal para el diario porteño Página 12

En La Rioja, en cinco centros de salud que brindan atención y asistencia a poblaciones de escasos recursos, los médicos tienen prohibido entregar preservativos y anticonceptivos. Se argumenta que es condición que impuso el Obispado local para donar las tierras donde se construyó una de las salas.

Se trata de los centros de atención primaria de la salud conocidos como San Pío Pietrelccina. Hay tres en la capital riojana y otros dos en localidades cercanas. Tienen la particularidad de estar administrados por una entidad católica, pero funcionan en la práctica como centros públicos ya que el gobierno riojano les entrega un monto mensual para el pago de sueldos del personal y a la vez los San Pío son referentes locales de los programas sanitarios oficiales –provinciales y nacionales– como los de vacunación, medicamentos y entrega de leche para bebés y niños.

Cumplen con todos los planes, con la única excepción de entregar gratuitamente preservativos y anticonceptivos, que se envían a todo el país a través del Plan Remediar desde el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable.

“El tema es grave porque están discriminando a mujeres y varones que se atienden allí porque les corresponde ir ahí por el área geográfica en la que viven. Está mal y vulnera los derechos fundamentalmente de las mujeres”, consideró en diálogo con Página/12 Myriam Toscano, referente en La Rioja del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable.

“Es un convenio firmado hace años por el gobierno provincial y la entidad que los administra. Fueron construidos por una familia que tiene una convicción religiosa muy acentuada”, señaló a este diario Marisel Paredes, secretaria de Salud de la provincia. Según dijo la funcionaria, el gobernador Beder Herrera heredó el acuerdo de la gestión de su antecesor, Angel Maza. Pero Beder Herrera lo ratificó. Además, fue vicegobernador de Maza, hasta que asumió en 2007.

Los cinco centros atienden a unas 12.400 personas. Toscano se reunió hace unos días con autoridades de la ONG San Pío Pietrelccina, que encabeza el bioquímico Germán Suárez, para intentar destrabar este punto, pero no lo consiguió.

La denuncia sobre la prohibición de entrega de anticonceptivos y preservativos la hizo el portal de noticias local DataRioja. Algunos vecinos ya expresaron reclamos al gobierno. Un grupo de habitantes del barrio Yacampis, en la capital provincial, envió una nota dirigida al mandatario provincial, donde le piden que no entregue un terreno de la zona a la ONG católica para la construcción de otro centro de salud. Se oponen –aclaran– “porque no se entregan métodos anticonceptivos, por lo que se verían perjudicados las mujeres y adolescentes del barrio”.

Todos los centros San Pío fueron construidos por el empresario riojano Hugo Mercado. Según explicó su esposa, Marta Serio de Mercado, a Página/12, el primer centro fue levantado seis años atrás en el barrio Panamericano de la capital provincial, en tierras donadas por el Obispado riojano. En ese momento, quien era obispo de La Rioja, Fabriciano Sigampa, les hizo firmar un convenio por casi cien años, donde habría quedado asentado que la donación se hacía bajo la condición de que los centros no entregaran anticonceptivos ni asesoramiento sobre los cuidados para evitar un embarazo no deseado, con excepción de los métodos naturales que permite la Iglesia Católica.

“El obispo Sigampa nos cedió el terreno con la condición de que no se dieran preservativos ni anticonceptivos”, afirmó Serio. “Mi marido es muy católico. No es que les quitemos atención a las personas que quieren anticonceptivos. Los derivamos a otros centros de salud”, señaló la mujer.

Esa situación, sin embargo, genera trastornos ya que muchas veces las personas carecen de recursos o tiempo para movilizarse y obtener los métodos en otro lugar, advirtió Toscano. En ese ir y venir de un lugar a otro, muchas veces se puede producir un embarazo no querido, agregó. “Es cierto, no deja de ser un freno a la accesibilidad. Tendríamos que rever algunas cosas”, concedió la secretaria de Salud provincial al ser consultada por el diario.

La esposa de Mercado aclaró que su familia ya no administra los centros de salud: su gestión está a cargo de la ONG San Pío Pietrelccina. “Dos años pagamos los sueldos del personal nosotros, pero ahora los paga el gobierno, tras firmar un convenio con el gobernador Beder Herrera. La ONG recibe un subsidio de 155 mil pesos por mes. Hay que aclarar que la atención es totalmente gratuita y cada centro está cuidado como si fuera privado, no hay papeles en el suelo, las paredes están pintadas sin manchas”, explicó Serio.

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