Acusó al cuerpo de diputados, con mayoría del PJ, por no respetar la orden de mérito al designar jueces. Lo hizo a través de un duro comunicado que indica que “no hay interpretación jurídica posible” para justificar eso. “Esta conducta lesiona confirma que los jueces no son nombrados por su idoneidad”, sentencia.

El comunicado textual:

El Consejo Profesional de Abogados y Procuradores de la Provincia de La Rioja denuncia ante la sociedad toda, la violación de la Constitución Provincial por parte de la Cámara de Diputados, producida durante la Sesión Ordinaria del 02 de noviembre de 2017, en ocasión de designar los jueces para los distintos cargos que se cubrieron en esa oportunidad.

No hay interpretación jurídica posible que releve a la Legislatura de su obligación constitucional de fundar el apartamiento del orden de mérito, en la terna de postulantes elevada por el Consejo de la Magistratura. El Artículo 155 de la Constitución Provincial establece que “El Consejo de la Magistratura elevará una nómina de tres postulantes en condiciones de cubrir el cargo a la Cámara de Diputados quien elegirá a uno respetando el orden de mérito, pudiendo alterarlo fundadamente, y le otorgará acuerdo en sesión pública.”

La norma constitucional es clara. Puede alterar el orden de mérito, pero debe hacerlo fundadamente. Tiene la obligación constitucional de dar argumentos que avalen su decisión. Sin embargo, la Cámara de Diputados ha omitido esta manda constitucional, designando a cuatro jueces que no eran los primeros en el orden de mérito, sin dar razones de su decisión.

La Cámara de Diputados de la Provincia ha violado la Constitución Provincial y el Principio republicano de división de los Poderes. Esta conducta lesiona al principio republicano de nuestro sistema de gobierno, siendo la causa primaria de la desconfianza y el descrédito que tienen nuestros Tribunales y el sistema de administración de justicia provincial.

La arbitraria decisión de la Cámara de Diputados confirma lo que todo la sociedad sospecha. Que los jueces no son designados por su idoneidad. No hay Provincia posible sin división de poderes. No hay justicia eficaz para el ciudadano si quien lo va a juzgar no tiene imparcialidad. No hay institucionalidad si no se respeta la constitución.

La gravedad de lo decidido por la Cámara de Diputados no es una desliz formal. Por el contrario, afecta a la administración de Justicia en los próximos 20 años, pues los jueces designados no pueden ser removidos. Son designados con carácter vitalicio y mientras dure su buen desempeño.

El actual estado de postración del sistema Provincial de Administración de Justicia merece una repuesta a las alturas de las circunstancias por parte de los Diputados. No se puede tolerar más la designación de jueces “amigos” porque la sociedad espera que se imparta justicia y no que se garantice impunidad.

El ciudadano necesita tener la seguridad de que sus conflictos jurídicos serán resueltos por alguien que es imparcial e idóneo. De otra manera se le frustra la última instancia de reclamos que tiene y -lo que es más grave- solo se le garantiza la impunidad de aquellos que son los verdaderos delincuentes de una sociedad.

La lucha de las Madres del Dolor, de tanto riojanos que piden justicia, de tantos obreros que trajinan tribunales en busca de una indemnización o de tantos ciudadanos que reclaman por sus derechos, no merece la repuesta que la Legislatura dio. Ellos son la cara visible de esta arbitrariedad.

Esto marca además, la profunda disociación entre Estado y Sociedad que existe en la Provincia, donde quienes ejercen una función pública han olvidado que la democracia no se ejerce cada dos años en una elección, sino que es un modo de vida que se debe ratificar cotidianamente, con el respeto a las instituciones y a la Constitución.

La decisión autoritaria de la Legislatura Provincial acrecienta esta división y contribuye al aumento de una tensión de impredecibles consecuencias para la Provincia. La impotencia que genera esta circunstancia nos lleva a denunciar ante la sociedad y la opinión pública, la gravedad de lo acontecido y la falta de compromiso democrático de nuestro Legisladores.