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10 agosto 20

La Nación autorizó a hospitales públicos a hacer abortos en casos de violación

21 julio 2010

Por esta razón, el Ministerio de Salud lanzó una guía que intenta evitar demoras en los abortos que ya están contemplados por la ley. Incluye todos los casos de violaciones y no exige pruebas, salvo una denuncia policial donde se manifieste ser víctima del grave delito. En este sentido, la iglesia riojana salió a repudiar la decisión y afirmó que “el aborto es un asesinato”. El encargado de expresar estas palabras fue el sacerdote del obispado Gabriel Torrens, quien asimismo opinó que “una violación es aberrante, pero impedir el nacimiento de un bebé también”.

El Ministerio de Salud de la Nación dio a conocer una resolución por la cual oficializó una guía para la atención de los abortos no punibles, que da un protocolo sobre cómo deberían proceder todos los médicos del país en los casos contemplados por el Código Penal. La intención es evitar que los pedidos sean judicializados y demoras en las intervenciones. Según se explicita en la Guía, los casos no punibles de aborto son:

  • Si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida de la mujer y si este peligro no puede ser evitado por otros medios

  • Si el embarazo proviene de una violación

  • Si el embarazo proviene de un atentado al pudor sobre mujer idiota o demente.

El Código dice expresamente que no será punible el aborto “si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto”.

La polémica siempre se produjo porque se entendió que este párrafo aludía a las mujeres violadas pero que a su vez tenían deficiencia mental. Según explicaron fuentes judiciales, en realidad, lo que se hace es una interpretación de lo que ya dice el Código Penal, pero que no era aplicado por los médicos y provocaba innecesarias demoras que ponían en riesgo la vida de las mujeres, en muchos casos menores, que sufrieron casos de violación.

Ahora, para verificar que el embarazo es producto de una violación alcanzará con que la mujer le presente al médico constancia de la denuncia de la violación o una declaración jurada de la implicada.

En tanto, sólo será necesaria la asistencia de al menos uno de los padres cuando se deba atender a menores de 14 años, ya que la patria potestad es compartida.

“Se reglamenta lo que ya dice el Código sobre los casos no punibles y servirá para agilizar los trámites, ya que ahora el médico no necesitará una sentencia ni condena para hacer el aborto en caso de violación”, indicó una jueza riojana.

Asimismo, fuentes de Salud Pública de la Provincia, coincidieron en que el Código Penal autoriza algunos casos de aborto, pero no se aplicaban por temor a la Justicia.

El aborto clandestino es una de las principales causas de muertes maternas en los hospitales de La Rioja. De cada diez mil madres ocho mueren en La Rioja, y de ese total, seis tienen como principal causa un aborto.

Estas mujeres que no desean estar embarazadas concurren a equipos clandestinos de salud para provocarse el aborto e ingresan a los hospitales públicos con graves secuelas que la llevan a la muerte y disparan los indicadores de mortalidad materna e infantil.

En la resolución del Ministerio de la Nación, se da una definición de “salud” sin límites claros, al establecer que se trata de “un completo estado de bienestar físico, psíquico y social y no solamente como la ausencia de enfermedades o afecciones”.

Según explicó la coordinadora del Programa de Salud Sexual del Ministerio, Paula Ferro, en la resolución se intentaron precisar los límites que el artículo 86 del Código Penal tiene para la interrupción del embarazo. Pero va más allá, al determinar que los médicos no pueden recurrir ante la Justicia, ni siquiera para pedir autorización, y que están obligados a realizar esa intervención en un plazo máximo de 10 días desde que se concreta el pedido. “No estamos emitiendo una opinión. Cuando uno lee el artículo, ésta es la única interpretación. Lo que hubo previamente hasta aquí fue una interpretación restrictiva que llevaba a los médicos a recurrir al sistema judicial”, ahondó Ferro. La mayor parte de la doctrina ha interpretado hasta aquí que la ley penal sólo autoriza que los médicos realicen abortos en casos de violaciones cometidas contra “una mujer idiota o demente”. Ahora, el Ministerio de Salud le exige a los médicos que utilicen una interpretación mucho más amplia y avalen también la práctica a todas las mujeres que fuesen víctima de una violación.

Según un magistrado del fuero penal de La Rioja, la reglamentación amplía lo que está vigente en el Código Penal, lo que implicará necesariamente que sea “incorporado” a la legislación.

La posición de la iglesia riojana

Gabriel Torrens, padre del obispado riojano, brindó su opinión a cerca de la disposición del Ministerio de Salud de la Nación de autorizar abortos en hospitales públicos cuando la mujer afirme que sufrió una violación

“La opinión de la Iglesia respecto al aborto es conocida por todos, es un daño que se le produce a una personita inocente e indefensa, es un bebé que se esta gestando en el seno de la mamá y se le produce un asesinato”, sentenció el sacerdote.

Consultado sobre si la Iglesia realizará alguna acción en contra de lo impuesto por Nación, Torrens dijo que “se tratará de presentar algún proyecto y más que nada clarificar sobre el tema, porque a través del lenguaje se trata como de minimizar la cuestión por el derecho que tienen las mamás pero olvidando el derecho fundamental de todos que es la vida, y justamente descuidando la vida de una personita inocente”.

“Lo que busca el gobierno nacional es tratar, según lo que leí en los diarios, de igualar a todas las mujeres con recursos para que puedan acceder al aborto, pero lo que se esta olvidando y descuidando, que eso también tendría que tener en cuanta el gobierno fundamentalmente, es de aquellos niños que no van a poder ver la luz del día, los que no van a poder nacer”, enfatizó.

Finalmente, el representante de la Iglesia riojana dijo que “la Nación tiene una política de derechos humanos que debería velar por los derechos de todos, incluso de los que aun no han nacido pero que se están gestando que también son seres humanos. Son personas y estaría bueno que el gobierno también apunte a estas personitas que están en el seno de su mamá y que aparentemente no tienen derecho, pero al ser ya personas tienen todos los derechos”.

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