Aunque venía trabajando en reforzar los controles migratorios, el impacto del crimen en un barrio porteño de un niño de 11 años a manos de un motochorro peruano aceleró la discusión. Además, se agilizarán los trámites para expulsar a extranjeros que delinquen. Se suma a la idea de bajar la edad de imputabilidad. En La Rioja hay miles de extranjeros viviendo. La mayor cantidad son de Bolivia.

El Gobierno Nacional de la alianza Cambiemos buscará intercambiar información penal con otros países para comenzar a aplicar controles más duros en migraciones y restringir el ingreso de extranjeros con antecedentes.

Aunque ya venía trabajando en reforzar los controles migratorios, el impacto por el crimen de Brian Aguinaco aceleró la discusión y el Gobierno Nacional planea avanzar en una política migratoria más dura.

También agilizarán los trámites para expulsar a extranjeros que delinquen, por lo que se buscará cambiar la normativa para agilizar los trámites para poder expulsar del país a los extranjeros que cometieron delitos graves, un proceso que actualmente demora años por los recursos que interponen quienes delinquieron.

“En 10 años solamente echamos a 30 personas, algo funcionó mal. Esto lo que ha hecho fue explotar una logística que se ha instalado en las villas”. El diagnóstico del director de Migraciones, Horacio García, justifica el avance del Gobierno Nacional para endurecer los controles de ingreso al país de los extranjeros y, al mismo tiempo, acelerar su salida en el caso de que cometan delitos.

En diálogo con la prensa, el funcionario explicó el objetivo: “Tenemos que ser abiertos a los que vienen a sumar, pero estrictos y terminantes con los delincuentes y sumar la mayor cantidad de información para tomar buenas decisiones”. “Los problemas son los plazos y procesos administrativos, y los plazos y procesos judiciales”, agregó.

La iniciativa había sido adelantada por la canciller Susana Malcorra durante el fin de semana. A fines de diciembre, el diputado radical Luis Petri, aliado al oficialismo dentro del frente Cambiemos, planteó la necesidad de “dar un debate en serio” sobre la vinculación del delito con el ingreso de extranjeros: “estamos hablando de los extranjeros ya sea que ingresen regularmente al país o no, que cometan delitos, que sean sometidos a un proceso, que reciban condenas y que necesariamente después de esa condena sean expulsados”.

Según García, el caso del narcotraficante Marco Antonio Estrada González, de nacionalidad peruana, es un caso testigo: “Venimos escuchando de Marcos desde hace 9 años, desde el año 2007, es increíble. Tenemos un promedio de demora de 400 días para una expulsión”.

Los principales puntos en los que busca avanzar el Ejecutivo:

– Agilizar los convenios de información con Estados Unidos, Colombia y los países limítrofes. Además, con las empresas aéreas de transporte de pasajeros a través de los sistemas API (Información Anticipada sobre Pasajeros) y RNP (Registro de Nombres de Pasajeros).

– Abordar el foco de la problemática, las “zonas de paraguayos o peruanos”, según advierten en el Ejecutivo, que se insertan en los asentamientos. Reforzar el trabajo con la PROCUNAR, la fiscalía antidroga, para establecer un sistema de prohibición de reingresos para personas con antecedentes importantes.

– Intensificar el trabajo en el Registro Nacional de las Personas (RENAPER). Capacitar al personal y controlar los pasos fronterizos (ver recuadro).

– Según datos de Migraciones, durante el 2016 Argentina fue el país que más radicaciones generó en América del Sur, y el que le sigue está 50 por ciento abajo. “Se dieron 28 mil turnos a migrantes para que regularicen su situación; este país tiene autoridad moral para sentarse a discutir la forma en la que ingresan y cómo le ponemos cortapisas a los delincuentes, para que se vayan”, planteó García.

– Hacer cumplir el artículo 29 de la ley 25.871 que, por ejemplo, estipula en su artículo C que será causal de expulsión “haber sido condenado o estar cumpliendo condena, en la Argentina o en el exterior, o tener antecedentes por tráfico de armas, de personas, de estupefacientes o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas o delito que merezca para la legislación argentina pena privativa de la libertad de tres (3) años o más”.

– La conexión a INTERPOL internacional de las bases de datos. “Cualquier juzgado de cualquier lugar del mundo que genere una restricción sobre un ciudadano la tiene la Argentina”, dijo el funcionario.

Para el director de Migraciones es necesario “entender que el futuro no es hacer revisionismo; hay que resolver los problemas del presente. Si Argentina resuelve bien su situación migratoria vamos a tener un éxito importante a nivel productivo, porque pueden vivir 80 millones en el país”, graficó.